QUÉ HACER PARA QUE LA ECONOMÍA CREZCA MÁS Y GENERE SUFICIENTES EMPLEOS DIGNOS

El primer gran reto es superar la pobreza y reducir la desigualdad que padece nuestra nación, lo cual no es susceptible de lograrse a través de simples mecanismos de compensación social. Para lograrlo es preciso articular la política económica y la social, a fin de asegurar la plena inclusión de toda la población en las tareas y los beneficios del desarrollo, dejando atrás la marginación y la exclusión. Por ello proponemos:

  • Fortalecer el mercado interno como el principal motor del desarrollo económico, a través de la elevación sostenida del poder adquisitivo de los salarios y del estímulo a la producción de bienes de consumo, intermedios y de capital de origen nacional, lo que traerá consigo el mejoramiento de la calidad de vida de la población y mayores encadenamientos productivos internos, tanto de las industrias que abastecen el mercado interno como de las industrias exportadoras, con la consiguiente mayor generación de empleos dignos. (Por el contrario, la estrategia económica vigente que erige el mercado externo como el principal motor de desarrollo fincando la competitividad de las exportaciones en una política de bajos salarios y en la liberalización comercial para importar bienes intermedios y de capital, ha traído consigo la caída del poder de compra de los trabajadores, la desarticulación interna de la planta productiva y una menor generación de empleos, debilitando sistemáticamente el mercado interno).
  • Promover la competencia y regular los mercados oligopólicos para poner coto a los poderes económicos dominantes, reduciendo así la pérdida absoluta de los hogares y de las micro, pequeñas y medianas empresas que pagan precios oligopólicos por numerosos bienes y servicios, liberando de este modo un poder de compra adicional que hará crecer más el mercado interno. En consecuencia, proponemos asegurar la plena autonomía y el fortalecimiento de las instituciones responsables de promover la competencia y, sobre todo, establecer precios máximos para los bienes y servicios en mercados oligopólicos.
  • Aplicar una política de comercio exterior pragmática que utilice al máximo los márgenes de maniobra para regular nuestro comercio exterior, aplicando (exactamente igual a como proceden —aunque no lo prediquen— Estados Unidos, Canadá y los demás países desarrollados) aranceles, normas técnicas, salvaguardas y disposiciones contra prácticas desleales de comercio, a las cuales tenemos derecho en la OMC e incluso en los acuerdos comerciales vigentes de los que México es parte contratante, sin demérito de aplicar órdenes de mercadeo y otras restricciones cuantitativas habitualmente aplicadas por los países desarrollados y por las exitosas economías emergentes.
  • Minimizar la volatilidad del crecimiento económico y de la generación de empleos mediante la reorientación de las políticas macroeconómicas (monetaria, fiscal y cambiaria) desde el enfoque actual centrado en la estabilidad de precios y el balance fiscal, hacia un enfoque centrado en el crecimiento sostenido de la economía real. Para lograr este objetivo proponemos:
    • Reformar la Ley del Banco de México, a fin de ampliar el mandato de nuestro banco central, que hoy tiene como única tarea macroeconómica el control de la inflación, para que se ocupe también —como hacen los bancos centrales de Estados Unidos y Canadá— del crecimiento sostenido del producto nacional y del empleo;
    • Reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de ampliar el mandato de la SHCP para que no tenga como mandato macroeconómico único el balance fiscal, sino también sea corresponsable del crecimiento sostenido de la economía real y del empleo.
    • Aplicar una política de tipo de cambio real competitivo que contribuya al crecimiento sostenido del producto nacional y del empleo por dos vías: 1) apuntalando la competitividad-precio de los productos mexicanos, tanto en los mercados externos, como en el mercado interno frente a las importaciones, y 2) asegurando el equilibrio sostenible de las cuentas externas, lo que permitirá poner fin a los ciclos de freno y arranque originados en choques externos que desfondan nuestra economía debido a la vulnerabilidad que provoca la insana dependencia del ahorro externo.
    • Reducir los elevados costos de la acumulación de reservas internacionales ―y los riesgos que esto implica, derivados del carácter golondrino de la inversión extranjera en títulos de deuda pública― proponemos reducir los requerimientos de reserva mediante los mecanismos macroprudenciales aprobados por el FMI, que incluyen el eventual control de capitales, liberando así excedentes de divisas que deben ser utilizados para estimular el crecimiento económico, canalizándolos a inversiones productivas.
  • Desplegar una nueva estrategia de industrialización con cuatro objetivos básicos: 1) incrementar la articulación interna de la planta productiva; 2) lograr una balanza comercial manufacturera equilibrada; 3) inducir una elevada tasa de generación de empleos manufactureros; 4) cerrar la brecha tecnológica y de estructura industrial entre México y los países líderes, incluso en las industrias de tecnología avanzada. Para lograr estos objetivos, los instrumentos fundamentales de política pública son:
    • Políticas macroeconómicas favorables al desarrollo manufacturero, especialmente la política de tipo de cambio real competitivo antes indicada;
    • Formulación de una estrategia sectorizada de desarrollo industrial dirigida prioritariamente a aquellos sectores que generan mayores efectos multiplicadores sobre el empleo y el ingreso nacional (desarrollo tecnológico, encadenamientos productivos con mayor participación de micros, pequeñas y medianas empresas, economías de redes de innovación, etc.);
    • Políticas generales de fomento económico (construcción de infraestructura, formación de recursos humanos, sistema financiero competitivo, etc.);
    • Instrumentos horizontales de fomento manufacturero, es decir aplicables sin distinción de sectores, como son los incentivos a la innovación y a la transferencia tecnológica, y los apoyos crediticos con tasas preferenciales para micros, pequeñas y medianas industrias, entre otros;
    • Instrumentos sectoriales de fomento de los sectores prioritarios e innovadores, utilizando los márgenes de maniobra que tenemos en el TLCAN y la OMC, como son el crédito preferencial, las compras públicas, el apalancamiento o asociación con capital de riesgo por la banca de desarrollo, y subsidios especiales.

Hay que recordarlo: los procesos de industrialización exitosos han derivado de especialidades y ventajas competitivas adquiridas a propósito mediante resueltas acciones de política industrial.

  • Restablecer nuestra soberanía alimentaria y promover el desarrollo incluyente del sector agropecuario, forestal y pesquero. Es factible sustituir la importación de alimentos por producción nacional, aumentando la productividad y el empleo rural, así como el ingreso de los campesinos y demás productores del campo, mediante los siguientes instrumentos de fomento:
    • Un sistema de precios de garantía o soporte, o bien generalizar el sistema de ingreso objetivo introducido desde 2002-2003, extendiéndolo a todas las zonas de producción del país y a todos los productos y cultivos básicos definidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
    • Reestructurar el sistema público de desarrollo de la ciencia y la tecnología en el ámbito agropecuario, forestal y pesquero, para disminuir costos unitarios, introducir tecnologías de bajo costo energético y minimizar los efectos del cambio climático, apoyando su difusión a través de robustos programas de extensionismo;
    • Incrementar sustancialmente la inversión pública en infraestructura rural (obras hidráulicas, caminos, recuperación de suelos, bodegas, etc.);
    • Asegurar una oferta satisfactoria de crédito fresco para las actividades agropecuarias (con segmentación de tasas, según el tipo de productor y vinculándolo a programas de asistencia técnica), acompañando el crédito con seguro agrícola con primas subsidiadas, e introduciendo un sesgo preferente hacia los fondos de autoaseguramiento y las organizaciones de productores;
    • Desarrollar programas diferenciados para la atención de los diversos segmentos de productores, dada la macrodiversidad productiva y la estructura de productores de nuestro país, atendiendo especialmente a las pequeñas unidades de producción campesinas;
    • Un sistema integral de pagos por servicios ambientales, orientado a mitigar el cambio climático y detener o revertir el deterioro de nuestros recursos naturales;
    • Intervención para la corrección de fallas de mercado, atacando prácticas anticompetitivas, reduciendo el peso de los monopolios, corrigiendo también las formas de intervención gubernamental que auspician la creación de monopolios privados, y promoviendo la reducción de costos de intermediación a través de la modernización de los arcaicos sistemas de mercado y logística de los alimentos que aún prevalecen en amplias zonas del país;
    • Asegurar una oferta suficiente de semillas mejoradas de polinización libre y aplicar el principio precautorio respecto a las semillas transgénicas.
  • Proponemos una nueva política energética fincada en los siguientes cursos de acción:
    • Administrar inteligentemente los declinantes recursos petroleros del país;
    • Acelerar la transición hacia las fuentes renovables de energía;
    • Establecer una estrategia endógena de investigación y desarrollo tecnológico en materia energética con visión de largo plazo;
    • Concentrar atención y recursos en la racionalización del consumo de energía;
    • Elevar la eficiencia y la seguridad en la cadena de suministro de petrolíferos y gas natural reduciendo la importación de petrolíferos y aumentando la integración nacional de la petroquímica;
    • Garantizar el acceso de todos a la electricidad y eliminar el riesgo de escasez y precios altos;
    • Revalorar el papel de Pemex y CFE en el desarrollo;
    • Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las actividades, las empresas y los reguladores;
    • Democratizar la política energética y respetar las decisiones de las comunidades;
    • Para asegurar la sostenibilidad energética del país,y en virtud de que la reforma energética aprobada por el congreso en 2013 fue rechazada por más del sesenta por ciento de la ciudadanía según diversas encuestas, proponemos abrogar dicha reforma devolviendo al Estado la plena soberanía en materia energética, sin demérito de cumplir los contratos ya firmados. Mientras tanto, una de nuestras mayores preocupaciones ―aducida por la ciudadanía como una de las razones de su rechazo a la reforma energética― ha sido también compartida por el colega Paul Krugman, quien durante una de sus estancias en México (27/03/2015) advirtió que en procesos de privatización del sector energético ha habido casos, incluso en Estados Unidos e Israel en los que las concesiones o licitaciones “han resultado ser un regalo”.

Mientras esto último se logra proponemos una urgente batería de medidas en materia de transparencia y rendición de cuentas en el sector energético, comenzando por garantizar la difusión y la consulta pública de autorizaciones, contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades, asociaciones, coinversiones que el Estado conceda o suscriba con particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales, así como de todos aquellos que éstas celebren.

  • Proponemos una política de Estado en materia de ciencia, tecnología, innovación y competitividad a través de los siguientes cursos de acción:
    • Incrementar significativamente la cantidad y la calidad del gasto público en ciencia y tecnología;
    • Descentralizar el sistema científico y tecnológico bajo una clara estrategia de regionalización y articulación con la estrategia de industrialización antes definida;
    • Invertir en la formación de recursos humanos que impulsen la generación y transferencia de conocimientos así como la innovación en las esferas productiva, gubernamental, científica y de desarrollo tecnológico;
    • Fomentar los vínculos de las empresas privadas y del sector social con los centros de investigación públicos y con las instituciones educativas;
    • Desarrollar programas de fomento a la innovación atendiendo especialmente las redes locales de pymes innovadoras;
    • Pasar a una visión integral de la competitividad sistémica de la economía nacional, que atienda el conjunto de sus determinantes, incluyendo la calidad de las instituciones, la infraestructura, el ambiente macroeconómico, la salud de la población, la educación superior y la capacitación de los trabajadores, el desarrollo del sistema financiero, entre otras, a fin de que el Estado asuma y cumpla eficazmente sus responsabilidades en el desarrollo de la competitividad nacional.

La atención de estas áreas es uno de los factores explicativos del éxito económico de las naciones; constituye un componente fundamental de una estrategia consistente para elevar la eficiencia y generar empleos cada vez mejor remunerados; y es, por ello, factor relevante para que México logre ir cerrando las brechas ―de productividad, ingreso y calidad de vida― que nos separan de los países industrializados o de altos ingresos.