LOGRAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Para reconstruir la cohesión social de nuestra nación y avanzar hacia niveles superiores de desarrollo, dos esfuerzos ―magnos pero económicamente viables― son indispensables: 1) lograr la plena inclusión de todos los mexicanos en las tareas y los beneficios del desarrollo; 2) que el Estado mexicano cumpla cabalmente su mandato constitucional de garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Para ello proponemos:

• Generar suficientes empleos formales. Puesto que la insuficiente generación de empleos formales está asociada a la baja tasa media de crecimiento del PIB (que fue de 2.3% anual durante el periodo 1983-2017), la cual ha sido causada por la estrategia económica aplicada desde 1983 hasta el presente, proponemos pasar a una nueva estrategia de desarrollo ―cuyos instrumentos fundamentales resumimos en este documento― que asegure un crecimiento del PIB similar al observado durante el periodo 1935-1982, que fue de 6.1% anual.
• Política salarial que eleve paulatinamente el poder adquisitivo de los trabajadores y mejore la distribución del ingreso entre los factores de la producción. Para lograrlo, la tasa de incremento anual de los salarios mínimos debe superar la suma de las tasas de inflación y de incremento de la productividad observadas en el año previo. Una política salarial así fue aplicada en México durante la época del desarrollo estabilizador: no provocó inflación (su tasa media fue de 2.5% anual en el periodo 1959-1970), y sí permitió una incremento del PIB a una tasa media del 6.7% anual, debido al robusto crecimiento del mercado interno.
• Estado democrático de derecho en el mundo laboral, a través de los siguientes cursos de acción:
  • Aplicar en México las disposiciones del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por el Senado mexicano, lo cual implica garantizar la libertad y democracia sindical y la auténtica contratación colectiva, mediante el voto universal secreto y directo de los trabajadores involucrados.
  • Crear el Centro de Conciliación y Registro Laboral, instancia federal garante de la libertad y democracia sindical y de la auténtica contratación colectiva, y concluir los cambios reglamentarios de la reforma del artículo 123 de nuestra Constitución que se aprobó en febrero de 2017, los cuales implican también: suprimir las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y crear Tribunales de Trabajo dependientes del poder judicial, así como modernizar el procedimiento en los conflictos de trabajo, haciéndolo oral, expedito y de corta duración, e instrumentar el procedimiento conciliatorio previo al judicial, poniendo estos dos procedimientos en manos de personal de carrera, capacitado, que ingrese mediante concursos, tal y como lo establece la reforma constitucional referida.
• Ampliar el programa Prospera en las zonas urbanas donde está creciendo la pobreza, eliminando las condicionalidades que suponen la inversión de tiempo de las mujeres, y triplicar las bajísimas transferencias de Prospera en las comunidades rurales sin escuela y/o sin clínica que en una alta proporción son indígenas y hoy están desatendidas. En el mediano plazo proponemos la desaparición de Prospera y su sustitución por la institución gradual de un ingreso ciudadano garantizado, cuya viabilidad económica se evidencia en el hecho de que otros países con un PIB per cápita menor del que actualmente tiene México, instituyeron, en su momento, modelos muy avanzados de Estado de bienestar.
• Construir un Estado de bienestar moderno que asegure el pleno ejercicio de los derechos sociales mediante los siguientes cursos de acción:
  • Instituir un sistema único de salud, público y gratuito que garantice el derecho a los servicios de salud para todos, a partir de un modelo normativo que asegure igualdad de acceso a un conjunto creciente de servicios, ofrecidos con la misma calidad para todos.
  • Garantizar una pensión universal para los adultos mayores de 65 años que carezcan de seguridad social, que fije montos suficientes para asegurar una vida digna a quienes las reciban, complementado de un plan contributivo para quienes trabajan en el sector formal, de administración pública y con una pensión digna.
  • Desarrollar un sistema de seguro del desempleo universal no contributivo, articulado con políticas de capacitación y calificación laboral, así como de políticas de activación laboral.
  • Instituir gradualmente un ingreso ciudadano universal, para reemplazar el programa Prospera, y concebir este nuevo derecho como un seguro contra la pobreza extrema y como un mecanismo anticíclico en situaciones de crisis y vulnerabilidad.
  • Establecer un sistema universal de vigilancia y promoción nutricional para detectar y prevenir de manera oportuna riesgos y daños derivados de la desnutrición y de la obesidad infantil.
  • Establecer una política de vivienda para hacer frente a la exclusión de los programas de vivienda de la mitad de la población, que haga realidad el pleno ejercicio del derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna.
  • Promover y garantizar la equidad de género en el trabajo, la escuela, la familia y en todos los ámbitos públicos y privados.
  • Garantizar el pleno ejercicio de una ciudadanía étnica que asegure el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación.
• Instituir una procuraduría de derechos sociales, y realizar las reformas legales pertinentes para hacer exigibles los derechos sociales, estipulando los sujetos obligados a otorgar los respectivos bienes públicos, su financiamiento multianual y las penas a los funcionarios que incumplan.
• Instrumentar una auténtica reforma educativa que resuelva de raíz las desigualdades de acceso, permanencia y resultados de aprendizaje y al mismo tiempo incremente sustancialmente la calidad académica desde el preescolar hasta el posgrado. Es indispensable reconocer el papel central de la educación en el desarrollo de las capacidades necesarias para la construcción de una sociedad más justa y cohesionada. Para ello proponemos:
  • Elevar la cantidad, pero sobre todo la calidad, del gasto público en educación y distribuirlo con criterios de equidad con el fin de atender proporcionalmente las necesidades de los grupos vulnerables.
  • Revertir los rezagos de cobertura en educación básica, media superior y superior.
  • Desarrollar modelos educativos con relevancia social y pertinencia cultural.
  • Impulsar la introducción de innovaciones pedagógicas, precedida de procesos cuidadosos de desarrollo experimental.
  • Impulsar como prioridad programas y estrategias efectivas de formación y actualización del magisterio y un sistema de incentivos para el desarrollo de la carrera académica.
• Una política integral de atención a la problemática de los jóvenes que los reconozca cabalmente como sujetos de derechos, y asuma que los jóvenes no son sólo un recurso para el desarrollo, sino que el desarrollo económico, social, cultural e institucional es un recurso para el desarrollo de los jóvenes, para que cada uno de ellos encuentre caminos abiertos para realizar de manera independiente su propio proyecto de vida. Para ello proponemos:
  • Asegurar una oferta suficiente de empleos dignos para aquellos que desean insertarse en el mercado laboral, mediante un robusto crecimiento económico y el cumplimiento cabal de la función de inspección laboral por la autoridad correspondiente, además de programas especiales de empleo para jóvenes sobre todo en actividades de impacto comunitario, así como para promover que los jóvenes egresados de educación superior y de posgrado consigan empleos en las respectivas áreas para la que fueron formados.
  • Superar la insuficiente oferta de oportunidades para que los jóvenes ingresen a la educación media superior en instituciones de calidad que permitan continuar con estudios profesionales.
  • Elevar aceleradamente la cobertura de educación superior y asegurar que los procesos de admisión para educación media superior y superior realmente garanticen igualdad de oportunidades para los grupos más vulnerables.
  • Conformar programas y proyectos sociales, culturales, artísticos, deportivos y civilizatorios diseñados, ejecutados y supervisados por jóvenes, abrir espacios a los jóvenes en el campo político y conjugar políticas públicas para construir ciudadanía entre los jóvenes.
• Nuevas políticas públicas sobre migración. Puesto que durante el periodo 1983-2017 más de trece millones de mexicanos emigraron al extranjero en busca de empleos que no encontraron en nuestro país, y haciéndonos cargo de que en Estados Unidos residen más de treinta y cinco millones de personas de origen mexicano, proponemos nuevas políticas públicas sobre migrantes.
  • En lugar del enfoque policiaco de seguridad nacional que hoy prevalece, debemos adoptar un enfoque de seguridad humana establecido en las convenciones internacionales, que permita exigir el respeto irrestricto de los derechos humanos de todos los migrantes mexicanos en Estados Unidos y en otros países, y nos obligue a garantizar los derechos humanos de todos los extranjeros que radiquen en México o transiten por el territorio nacional.
  • Desarrollar una estrategia para estrechar los vínculos sociales, económicos, culturales y políticos con la comunidad hispano-mexicana de Estados Unidos; promover el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias vinculadas con organizaciones de migrantes; y fomentar las alianzas en planes, programas y proyectos de desarrollo regional con enfoque transnacional.