HACER REALIDAD EL ESTADO DE DERECHO Y CONSTRUIR LA DEMOCRACIA EN MÉXICO

 

México es parte de los pactos internacionales sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y ha suscrito y ratificado todas las convenciones que se han construido sobre estas materias en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero, sobre todo, México es uno de los países que ha incorporado a su derecho interno ―en nuestra Constitución― los más importantes compromisos a favor de los derechos fundamentales.

Sin embargo, el México real dista enormemente de calificar como estado de derecho.  No obstante que ha ganado autonomía, el Poder Judicial de la Federación no ha mejorado sus métodos para la impartición de justicia y los ejecutivos federal, estatales y municipales no cumplen eficazmente sus responsabilidades en materia de persecución del delito, todo lo cual da por resultado un estado generalizado de impunidad, que frecuentemente tiene como origen la corrupción que ha penetrado en los tres poderes de la unión y en los tres niveles de gobierno.

¡¡Sí se puede escapar del trinomio perverso de indolencia, corrupción e impunidad!! Profundas crisis nacionales como la que hoy padece México han obligado a muchos países a realizar grandes reformas que los han transformado en ejemplares naciones democráticas con robustos estados de derecho.

      Ningún país vino al mundo libre de corrupción y con instituciones públicas eficientes y democráticas. Todavía en el siglo XVIII todas las naciones-estado de Europa eran gobernadas por funcionarios ineficientes y corruptos que hacían fortunas al amparo del poder público (mediante el cohecho y el robo del erario). Pero en el curso del siglo XIX lograron establecer instituciones públicas eficientes, funcionales y democráticas. Lo mismo han hecho los países de nueva industrialización, que transitaron de sistemas políticos corruptos y basados en el clientelismo, a sistemas políticos eficientes y democráticos.

       ¡Es la hora de la reconstrucción de nuestra nación! Por ello proponemos construir la democracia en México, cuyas instituciones y prácticas fundamentales son:

• La realización de elecciones verdaderamente libres, equitativas y transparentes —como institución nodal de la democracia representativa— que permite el arbitraje directo de los electores sobre la eficacia de los programas de gobierno y la eficiencia de los servidores públicos;
• Establecer un verdadero servicio civil de carrera, cuyos rasgos fundamentales son:  un sistema transparente de acceso a los cargos públicos basado en la calificación profesional (mediante concursos abiertos) y no en el favoritismo, un régimen de ascensos dentro de la estructura jerárquica basado también en los méritos, y una remuneración suficiente (pero no excesiva) correspondiente a la calificación profesional;
• Establecer una autentica separación de poderes. La experiencia internacional indica que la eficiencia del Estado resulta mayor cuanto más efectivo es el sistema de pesos y contrapesos, cuyo componente primordial estriba en la auténtica separación de los poderes (legislativo, judicial y ejecutivo);
• Un sistema efectivo de rendición de cuentas, transparencia y auditoria social en todos los ámbitos de gobierno es crucial para asegurar la probidad de los funcionarios y la erradicación de la corrupción y la impunidad;
• La existencia de medios masivos de comunicación independientes, plurales y en auténtico régimen de libre competencia ―versus las estructuras mediáticas duopólicas u oligopólicas― contribuye de manera relevante a la vigilancia de los poderes del Estado;
• La gestión autónoma y democrática de los asuntos locales —por los gobiernos estatales y municipales— es crucial para elevar la eficiencia general del sistema;
• Participación ciudadana multidimensional. Las instituciones funcionan mejor cuanto más amplios son los cauces de expresión y participación directa de la ciudadanía en las decisiones públicas (referéndums, iniciativas ciudadanas, etc). Tratándose de programas específicos o comunitarios, se consigue mayor eficiencia mediante la participación directa de los beneficiarios en su definición, ejecución y supervisión (consejos gestores, presupuestos participativos, etc).