CÓMO RESTABLECER LA SEGURIDAD PÚBLICA Y MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

 

• Proponemos una política de Estado democrática en seguridad pública que tenga los siguientes cursos de acción:
  • Golpes sistemáticos al nervio financiero y patrimonial del crimen organizado mediante la acción eficaz de los órganos de inteligencia financiera para desmantelar empresas criminales y firmas legales ligadas a ellas;
  • Generación masiva de empleos permanentes y bien remunerados, sobre todo para los jóvenes y combate estructural a la enorme pobreza y desigualdad;
  • En lugar de mayor gasto en seguridad pública hay que gastar más y mejor en educación, investigación, prevención de consumo de drogas y tratamiento de adictos;
  • Programas de fortalecimiento de la cohesión social, apoyo a la “economía del cuidado” en las familias, participación ciudadana y social libre, informada y crítica en la seguridad pública, regulando y apoyando a las policías de barrio y comunitarias;
  • Investigación y castigo a todo acto de corrupción para terminar con los elevados índices de impunidad de funcionarios y cuerpos del orden coludidos con el crimen organizado, así como para evitar la penetración de dinero del crimen en las campañas electorales;
  • Regreso del Ejército a los cuarteles y revertir las modificaciones legales que propician un Estado policíaco;
  • Focalizar las acciones represivas hacia las organizaciones criminales violentas;
  • Fomentar entre los campesinos programas de desarrollo alternativos al cultivo de enervantes;
  • Ensayar modelos regulatorios para la despenalización de cada droga, como ocurre en varias entidades de Estados Unidos con la mariguana;
  • Fomentar la participación de la sociedad civil en acciones de seguridad pública y en programas de contraloría social de las instituciones de administración de la justicia.
  • Pasar de la inseguridad pública a Gran seguridad, entendida como la ausencia de amenazas y miedos que se logra mediante el pleno ejercicio de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales) que otorgan certeza a la opción de vivir con dignidad, justicia y libertad.

• En materia de rendición de cuentas, trasparencia y acceso a la información proponemos acelerar los procesos de institucionalización y aplicación de los avances legislativos que ha habido en estos temas, así como cerrar los huecos jurídicos, políticos e institucionales tales como la no participación del Instituto Nacional Electoral en el Sistema Nacional Anticorrupción. Para ello proponemos:
  • Es preciso que las legislaturas de los estados de la República dicten disposiciones jurídicas para evitar la captura de los sistemas estatales anticorrupción por los gobernadores;
  • Aplicar rigurosamente la ley a los funcionarios del gobierno federal saliente, especialmente en los casos emblemáticos como los de la empresa Oderbrecht y la “Estafa Maestra”, así como en los casos de exgobernadores como Javier Duarte que saquearon el erario:
  • Cumplir con los compromisos asumidos por el gobierno federal en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA);
  • Transparentar y regular realmente los gastos en publicidad oficial de los tres ámbitos de gobierno para impedir la censura sutil o indirecta, para lo cual debe derogarse la llamada “Ley Chayote” y aprobarse un nuevo ordenamiento jurídico.
  • Poner fin a la anacrónica figura del fuero político para los servidores públicos electos que se ha convertido en la garantía de impunidad utilizada por la clase política de nuestro país: mientras el fuero se mantenga no se podrá romper el círculo vicioso de corrupción e impunidad;
  • Establecer la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones patrimonial y de intereses de los funcionarios públicos electos y designados.