ASEGURAR LA SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO Y LOGRAR UN MEJOR DESARROLLO REGIONAL Y URBANO

Sociedad, territorio y ambiente conforman una gran unidad que requiere políticas integrales. Por ello es necesario asumir el imperativo nacional de un desarrollo territorial incluyente y sustentable, para lo cual proponemos:

• Asegurar la sustentabilidad del desarrollo mediante los siguientes cursos de acción:
  • Adoptar operativamente el enfoque de integración de políticas para que las decisiones económicas y sociales se adopten tomando en cuenta los costos del deterioro y el agotamiento de los recursos y servicios ambientales, de tal modo que las políticas de crecimiento económico asuman y reduzcan los costos ambientales;
  • Acelerar nuestra transición energética para aumentar el uso de energías procedentes de fuentes no fósiles, sobre todo las eólicas y solares, a fin de contribuir a mitigar el cambio climático;
  • Adaptarnos al ya inevitable cambio climático mediante políticas de prevención y respuesta que reduzcan la vulnerabilidad social y económica, reorientando la protección civil hacia estrategias integrales de atención de riesgos;
  • Una política de agua que garantice la satisfacción del derecho humano al acceso suficiente y equitativo a disponer de agua realmente potable, con garantías para dicho acceso y formas claras de exigir este derecho, además de atender los principios ambientales de protección de las fuentes hídricas, suelos y servicios ambientales en las cuencas;
  • Apoyar mejor el esfuerzo de las ciudades, las zonas metropolitanas y los municipios en general para enfrentar la gestión local del desarrollo sustentable: el manejo de los residuos, la reducción de la contaminación atmosférica, el ordenamiento del territorio, el ruido excesivo, el daño a los paisajes y las demás tareas que están bajo responsabilidad de los gobiernos locales, para lo cual se requiere una mejor concurrencia intergubernamental de la gestión ambiental;
  • Contar con una estrategia nacional para ordenar la producción y el uso de los productos y sustancias riesgosas, y el mejor manejo de los residuos peligrosos y de los domésticos.
• Una nueva estrategia de desarrollo territorial sustentable centrada en los siguientes cursos de acción:
  • Planeación del desarrollo territorial con horizonte de largo plazo donde se insertan los planes sexenales;
  • Priorizar el desarrollo desde las regiones y no solo desde los sectores que conforman el gobierno, de manera que se endogenice el diseño y la gestión de las políticas de desarrolloa fin de que en cada región se seleccionen e impulsen actividades que aprovechen y potencien las capacidades productivas, sociales, tecnológicas y medioambientales disponibles y posibles.
  • Asegurar la gestión de los recursos naturales con criterios de interés público por encima de los negocios privados (mineros, energéticos, inmobiliarios, turísticos, etc.);
  • Orientar las políticas y los recursos públicos hacia la reducción efectiva de la desigualdad y la pobreza, promoviendo un desarrollo regional incluyente y equitativo que garantice el bienestar de la sociedad en el territorio.
• Una nueva estrategia nacional de desarrollo urbano-metropolitano y de ordenamiento territorial en la que el Estado recupere su papel rector a través de los siguientes cursos de acción:
  • Priorizar en las políticas públicas, el reordenamiento y consolidación-compactación de las ciudades, ocupando los vacíos urbanos y evitando el crecimiento expansivo y disperso;
  • Establecer un nuevo estatuto legal para la planificación integral del desarrollo territorial sustentable de largo plazo y con la participación de los actores sociales, garantizando la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno;
  • Otorgar en la ley un estatuto para las metrópolis como parte del desarrollo urbano que garantice la coordinación interestatal e intermunicipal obligatoria para el diseño y ejecución de los correspondientes planes de desarrollo de las metrópolis;
  • Aplicar políticas de desarrollo urbano que hagan viable el derecho a la vivienda adecuada, evitando conjuntos habitacionales alejados, dispersos, desestructurados de las ciudades y carentes de la oferta de empleo, de servicios y de equipamientos sociales;
  • Asumir como prioridad la accesibilidad y la movilidad sustentable en las metrópolis y ciudades, concentrando los recursos y los proyectos en el transporte público de calidad e integrado y en la movilidad no motorizada;
  • Reestructurar la fiscalidad urbana con criterios de equidad, haciendo de las elevadas plusvalías inmobiliarias la fuente más importante para construir y mantener las infraestructuras y los espacios públicos en las ciudades.